Mientras esto ocurre un gran número de familias españolas son desahuciadas de sus hogares por no poder hacer frente a las deudas que en el pasado (presumiblemente más próspero) contrajeron con sus bancos. En el último año el consumo de los hogares ha disminuido por dos razones: son muchos los ciudadanos que no pueden gastar dinero porque simplemente no lo tienen; aquellos que tienen dinero prefieren no consumir demasiado por la incertidumbre respecto a su futura situación económica.
Sorprende escuchar discursos en los que los políticos piden un esfuerzo a la ciudadanía para salir de la crisis y ese esfuerzo se hace, en gran parte, por obligación. Pero lo más sorprendente de todo es que sean los políticos quienes pidan austeridad mientras se destapan casos de corrupción prácticamente a diario.
En 1996, después de 14 años de gobierno del PSOE el caso Filesa, de corrupción por financiación ilegal del partido, pudo ser una de las causas (junto con la resolución de los GAL) de que el Partido Popular ganase las elecciones de ese mismo año.
Pero la cosa no acabó aquí porque el Partido Popular también ha contado con un caso de supuesta financiación ilegal de partido, el llamado caso Naseiro. Roberto Naseiro, ex - tesorero del PP, fue absuelto por el Supremo porque las grabaciones telefónicas que le implicaban no fueron autorizadas para el caso.
En la última semana, el Caso Bárcenas ha copado las portadas de (casi) todos los medios españoles y se ha hablado de sobres con dinero para pagar a altos cargos del Partido Popular.
Hoy ha saltado la noticia de que la Fundación Ideas del PSOE pagó 50.000 euros por diversos artículos a una presunta escritora llamada Amy Martin cuya marca comercial y logotipo están registrados por el propio director de la fundación. ¿Cómo es posible que la supuesta autora llegase a cobrar hasta 3.000 € por alguno de sus artículos?
Ha sido el diario El Mundo el encargado de destapar los entresijos de estos casos de presunta corrupción. Llegados a este punto, debemos plantearnos ¿cuál es la influencia de los medios de comunicación en la esfera pública a la hora de destapar asuntos de corrupción? ¿Hasta qué punto un medio de comunicación se arriesga publicar informaciones cuando no tiene pruebas para probarlas?
¿Por qué la clase política pide austeridad mientras, supuestamente, ellos se dedican a financiarse de manera ilegal y a cobrar sobresueldos que “complementan” sus, ya de por sí, altas nóminas? Probablemente, cualquier español medio sería capaz de invertir el dinero de esos sobres para reflotar la economía del país desde el desarrollo económico de sus propias familias. Lo único que queda claro es que la corrupción y la crisis coexisten en España como lo han hecho durante toda la vida.
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