El techo de gasto español a expensas de la decisión europea

A la espera de conocer el objetivo de déficit que fijará la Unión Europea en los próximos días, el Gobierno se plantea la posibilidad de que, finalmente, no sea este viernes la fecha elegida para fijar el techo de gasto para 2012. Para elaborar dicho techo es necesario un objetivo de déficit y con el “baile de cifras” del mismo en los últimos meses, el Gobierno espera que las previsiones de la Unión Europea sean más realistas.

Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció el martes que el Gobierno aprobaría en el próximo Consejo de Ministros el techo de gasto de este año, pero ese mismo día por la tarde Moncloa afirmó que aprobaría un cuadro macroeconómico que incluirá datos tales como el PIB, las exportaciones o la demanda exterior e interior, pero no ha confirmado que se vaya a llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto que serviría de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que serán presentados el próximo 30 de marzo.

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el ejecutivo tiene la obligación de reducir el déficit y que entre las medidas contra el mismo este viernes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Estabilidad presupuestaria.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, manifestó que el ejecutivo es consciente de la nueva realidad que ha supuesto para España el incremento del déficit. Por ello, desde el Ejecutivo, asumen la responsabilidad de convencer a la Unión Europea de esa nueva realidad y del esfuerzo que se está haciendo desde España para recortar esta cifra.

El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró que comunicaría a la Comisión Europea que España partía con un objetivo de crecimiento de un 2,3% del PIB, pero que el aumento del déficit estatal ha provocado que se prevea un decrecimiento de al menos un 1% para la economía española.