Almunia se lo piensa dos veces

Las palabras de Joaquín Almunia, en las que aseguraba que los astilleros españoles deben devolver los casi 3.000 millones de euros en ayudas que recibieron provenientes de la Unión Europea entre 2005 y 2011, han unido a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Ayer todos los grupos firmaron un acuerdo conjunto para pedir a la Unión que los astilleros no tengan que devolver las ayudas fiscales a la construcción naval (tax lease). Además, instaron al Ejecutivo a solicitar a las instituciones europeas que se reconsiderase esta propuesta.

En la proposición no de ley los grupos consideran que la devolución de estas ayudas llevaría al sector a la ruina y supondría un trato discriminatorio con respecto a Francia (que quedó eximida del pago).
Ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, firmó una petición junto a los presidentes del País Vasco, Galicia y Asturias para entrevistarse con el Vicepresidente de la Comisión con el fin de que reconsiderase la decisión tomada.

Almunia ha afirmado hoy mismo que aún queda tiempo para reconsiderar su decisión de obligar a España a devolver las ayudas públicas concedidas a los astilleros, pero sólo si el Gobierno presenta "nuevos argumentos".

La semana que viene el vicepresidente recibirá a Soria y a los presidentes autonómicos que quieran acompañarle en lo que considera una reunión a la que el Ejecutivo español no puede acudir sin haberla preparada previamente porque es una gran oportunidad para mostrar nuevos argumentos. 
Parece que la reunión será clave para que siga en pie un sector que es básico para la economía española. El hecho de que tuvieran que devolverse las ayudas supondría el fin de los 19 astilleros privados españoles piezas clave de un sector en el que trabajan casi 90.000 personas de manera directa o indirecta, según los sindicatos.

El Gobierno español debe tener muy en cuenta las necesidades del sector para valorar un plan de actuación y presentar argumentos definitivos que lleven a los evaluadores de la Comisión a eximir a España de hacer efectiva la devolución de las ayudas. De lo contrario, este podría ser el principio del fin de un sector clave en la economía española.

El Ejecutivo cuenta con una ventaja y es el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios que consideran que la devolución de las ayudas supondría la ruina de los astilleros privados. Este apoyo político puede ser la base para sentarse en una mesa a debatir las ideas y organizar una estrategia conjunta que lleve a la Comisión Europea a reconsiderar su decisión.

Si esta polémica respecto a los astilleros se soluciona satisfactoriamente para España, es una situación de la que el país pueda salir fortalecida puesto que ante las instituciones europeas da la impresión de ser un país en el que sus grupos políticos están unidos ante las adversidades y más teniendo en cuenta el difícil momento económico que está atravesando el país.